El gobierno de Macri tiene esas cosas. Ligado estrechamente con Néstor Kirchner por negocios en común no es raro que el futuro presidente en el 2011 le imponga nombramientos de personal en su jurisdicción, como sucedió como el Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y en el caso sub examine, el de Rosa Elsa Parrilli, ambos conectados por una ideología común. Ella es una jueza “kirchnerista”, cuyo pasado, en realidad, no delata un cambio de su personalidad, pero sí lo peligrosa que es en la función pública. En fin: es un ejemplo en pequeño de lo que nos sucede como Nación. Cuando la misma está en manos de psicópatas el resultado es ~inevitablemente~ el avasallamiento y la prepotencia.
Radiografía de una «joven idealista»
De chica le decían «Lali» en Caballito. Vivía en Río de Janeiro y Lezica durante su adolescencia, en la década del ´60, cuando festejaba las victorias de Fidel Castro en Sierra Maestra y pronosticaba la liberación de la Argentina por parte del Che Guevara, según recuerda uno de sus noviecitos de entonces. Pero también relata sus «reacciones histéricas cuando la contradecían en algo».
“Zurda hasta la médula”, en los años de plomo no era más Lali, ya que cambió de ambiente. Ahora su nombre de guerra era “Kati”, cuando militaba en la izquierda en los ´70, destacándose por panfletera, a estar de los testimonios de sus viejos conocidos del barrio. Se inscribió en la Facultad de Derecho y se recibió en tiempo récord de abogada cuando el decano de la Facultad era Mario Kestelboim. Pero “realmente sabía poco tanto de la Ley como de su profesión”, según rememora la gente que alguna vez la consultó en aquella época.
La joven idealista se exiló en Holanda con su esposo y sus dos hijos, regresando al país hacia mediados de los ´80, donde empezó a tramitar la consabida indemnización de 220.000 dólares por “desaparecida”. Entonces, gracias a sus contactos con el sindicalista Armando Cavalieri, empezó a trabajar como abogada de CASFEC, la Federación de Empleados de Comercio, entre 1988 y 1991, cuando consiguió otro conchabo mejor mediante sus contactos justicialistas. Cavalieri, consultado estos días, sólo la recuerda ~muy vagamente~ como “una persona mediocre”.
Hoy es una persona mayor, nacida el 25 de febrero de 1946. Pero, en la década del ´70 la entonces joven idealista se exiló en Holanda con su esposo, Emiliano Ernesto Montenegro y sus dos hijos, regresando al país hacia mediados de los ´80, donde empezaría a tramitar la consabida indemnización de 220.000 dólares por “desaparecida”. Entonces, gracias a sus contactos con el sindicalista Armando Cavalieri, empezó a trabajar como abogada de CASFEC, la Federación de Empleados de Comercio, entre 1988 y 1991, cuando consiguió otro conchabo mejor mediante sus contactos justicialistas. Cavalieri, consultado estos días, sólo la recuerda ~muy vagamente~ como “una persona mediocre”.
Desde que la echó el dirigente sindical trabajó en la Secretaría de Seguridad del Estado (ex SIDE), cuando la Secretaría dependía del Ministerio del Interior, donde todavía figura en los padrones de 25 de Mayo 101 de la Ciudad de Buenos Aires. Percibía sus haberes desde el 21 de julio del 2001, que la agente (empezó como nivel 7 y se retiró con nivel 2), con número de CUIT 30546662361 en los recibos. En su legajo figura que prestaba servicios en San Carlos de Bariloche, aunque nadie recuerda su paso por la localidad turística (salvo cuando iba a pasear), dándosele baja tras cinco años de «servicios» el 30 de abril de 2006.
Rosa Elsa Parrilli tiene 63 años (D.N.I. 5.300.859) y ya no tiene más marido. Vive sola, o con alguna pareja incidental con quien comparte sus broncas (y una botella de whisky, al que es afecta) en un amplio departamento a la calle de «Palermo Soho», su semipiso de Charcas 4312, esquina Serrano, aunque posee otras propiedades, porque ~como ella dice~ “invierte en ladrillos” los excedentes de sus ahorros.
Se jacta de ser prima de Oscar Parrilli, el montonero que oficia de secretario General de la Presidencia de la Nación y de haber dictado clases en la cátedra de Eugenio Raúl Zaffaroni.
Pero cuando necesitó trabajo (hay demasiados abogados en el país) recurrió a Aníbal Fernández, quien la ubicó como Jueza Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces cambió su CUIL a 3446671471, comenzando a estar en las nóminas del incipiente Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en Sarmiento 877 Piso 10º ~en un principio~ hasta su designación a cargo de los estrados del Juzgado Penal y Correccional Nº 28.
Hace poco más de dos años, la magistrada correccional del Gobierno Autónomo de Buenos Aires, Rosa Elsa Parrilli, había insultado a los gritos pelados a un oficial en la vía pública que, cumpliendo con su deber, le había labrado una multa por violar la luz roja del semáforo. El acta de la infracción indica que el 1º de junio de 2007, a las 21:00, la abogada que estaba a cargo del Juzgado Contravencional Nº 28 de la Ciudad cruzó un semáforo en rojo en Rivadavia y Gascón generando “un peligro para los terceros” y para sí misma. El informe del oficial que labró el acta número B 08127255 indicó que “el infractor dice ser jueza de la Nación y que no pagará ninguna multa”. “Asimismo, al requerirle los papeles del vehículo, con malas palabras e insultos hacia mi persona, negó a presentarlos”, informó un Oficial de la Comisaría 11ª. En una escena similar a la que se viviría en las últimas horas en una oficina administrativa, Parrilli amenazó al policía asegurándole que lo iba a hacer echar, le profirió una catarata de palabrotas [“milico de mierda”, entre ellas] y rompió la copia del acta de comprobación que se le entregó, tal como indican las normas de tránsito. “Se retiró del lugar increpándome con insultos y con su auto a gran velocidad”, cerró el integrante de la Policía Federal. Ese altercado violento del año 2007, no es apenas un renglón más en la larga lista de incidentes de tránsito que tiene la jueza dentro de sus antecedentes.
Los efectos nocivos del vino blanco
Pero sucedió lo que era previsible para una persona que se despierta con café y a media mañana bebe media botella de Chardonnay bien helado: el 24 de septiembre pasado ~cuando la grúa retiró de la vía pública ~por mal estacionamiento~ el Volkswagen Gol patente FGC571 modelo 2005, propiedad de la titular del juzgado Nº 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, la Dra. Parrilli~ que generó la ira de la Kati. La pobre mujer dirigió su violencia contra dos inocentes empleadas del Cuerpo de Agentes de Tránsito, a las que insultó con una inusitada agresividad verbal, amenazas y hasta manifestaciones de discriminación por ser “morochas”.
El doctor Alberto F., el célebre y costoso cirujano plástico que se separó de la vedette Beatriz S. ~famosa partinaire de Olmedo que intentó suicidarse con psicofármacos el 1º de mayo pasado~ operó un par de veces a la irascible jueza, pero rechazó sus reclamos tras la última intervención estética de la Dra. Parrilli ya que le manifestó que «por más que le retoque los ojos, los efectos etílicos se reflejan tanto en la cara como en el desarrollo del abdomen, aunque su contextura haya sido delgada». La señora Parrilli no sólo estuvo insatisfecha con la explicación y se retiró ofendida del consultorio del médico dando un sonoro portazo porque le negó la «garantía».
Posiblemente tal sea la acitud psicológica que la lleve a menospreciar la firmeza física de las mujeres jóvenes de saludables rasgos mediterráneos, que todavía mantienen rostros lozanos que no reflejan historias de naufragios, turbaciones o manías.
Lo cierto es que la trascendencia del hecho no le dejó otro camino al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, que denunciar a la «compañera de utopías» ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, cursando vista al Consejo de la Magistratura de la Ciudad para su eliminación. El texto es éste:
“Me presento a efectuar la presente denuncia con el fin de que se investigue la efectiva comisión de hechos que se detallan a continuación y que podrían ser constitutivos de delitos de acción pública”, expresa la denuncia firmada por Montenegro:
“Los hechos, descritos con detalle por las denunciantes Rocío Gómez y Matía Itatí Albe, y documentados fílmicamente ocurrieron el pasado 15 de septiembre, aproximadamente a las 15:50, cuando ingresa de manera abrupta a la playa de infracciones, más específicamente dirigiéndose a la cabina de documentación donde las agentes controlan la documentación de los vehículos removidos por estar en infracción en la vía pública.
“Una señora, que luego se identificaría como Rosa Elsa Parrilli, bastante ofuscada y con muy malos términos al dirigirse hacia nuestra persona y nuestra función, despreciativa, prepotente y autoritaria; alegando a cada momento ser jueza y que la que daba las órdenes en este recinto era la misma, que de inmediato obedeciéramos lo que decía o no terminaríamos muy bien, que al ser jueza no le podrían acarrear el vehículo, que por el cargo que ocupa nunca paga nada y esta no sería la excepción, que en ese mismo instante y sin hacerle perder más tiempo le hiciéramos entrega del vehículo”, describen las agentes.
El relato de las empleadas del Gobierno porteño y reproducido en la denuncia penal presentada por Montenegro, se resalta con negrita que la magistrada “las insultaba diciendo «tontita ¡no te das cuenta quien manda acá!»; «¡no sabés con quien te estás metiendo!»; «¡yo no tengo que ir a ningún tribunal de faltas ya que a ellos también los mando yo!»; «ganan mil doscientos pesos para hacer esta mierda». Tras retirarse para realizar el trámite debido regresó a las cabinas y nuevamente agredió a las empleadas, arrojando el oficio que traía de los controladores de infracciones y diciendo: “Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita que te dije que acá mando yo”.
“Haciendo caso omiso al pedido de que cesaran los insultos, nos dice que lo único que pedía es que caigamos en su jurisdicción y que se encargaría personalmente de meternos presa por 8 meses y que era de preverse el mal momento que estaba pasando ya que siempre contrataban morochitas y nunca había una rubia en el lugar. Por la forma prepotente, autoritaria, violenta, pero sobre todo discriminativa y amenazante de la Sra. Jueza es que decidimos ponerlos al tanto de la situación”, concluye la nota firmada por Rocío Gómez.
La denuncia ante la Justicia destaca que “sobre los acontecimientos relatados precedentemente existe filmación al respecto” y que “en la filmación se observan las imágenes de lo acontecido y se puede escuchar el audio registrado”.
“Remarcando la gravedad institucional que provoca la comisión de los hechos denunciados, en caso de que los mismos fueran verificados, por parte de la persona que los cometiera y por el cargo que ocupa; pretendiendo que en el futuro no se reiteren los mismos ante situaciones similares […] es que formulo la presente denuncia y requiero su debida investigación”, concluye Montenegro, rematando el escrito con la consabida frase “Será Justicia”.
La denuncia, la filmación, el relato de las agentes y el historial de la infracción cometida por la jueza (su vehículo fue retirado por estar estacionado en una ochava en la zona de Rodríguez Peña y Lavalle) fue remitida el pasado 24 de septiembre al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, señalando que los hechos señalados “podrían ser constitutivas de delitos penales” lo que podría generar una sanción por parte del órgano judicial.
Será la Comisión de Disciplina y Acusación la que deberá analizar el tema, la gravedad de los hechos y las sanciones que podrían ser aplicadas sobre la jueza porteña.
Intervención del INADI
Ahora, además del probable un juicio político, el INADI ~el organismo censor de María José Lubertino~ se vio compelido a iniciarle de oficio actuaciones por discriminación. En declaraciones a Radio Provincia, la Lubertino explicó que “cuando nos enteramos de la situación actuamos de oficio” ya que “no hemos recibido ninguna denuncia de las damnificadas”. Además, aclaró que “el tema implica una discriminación pero supera la situación discriminatoria porque entendemos que puede estar incursa en algún delito”. Para María José Lubertino, “un funcionario público tiene que tener características éticas, de idoneidad y de honestidad que tiene que estar por encima de la media”.
Siempre nos sorprende hablar a María José Lubertino Beltrán de la ética y la honestidad. María José también tiene las suyas, ya que su historia se “deschavó” cuando se la entrevistó departiendo con transexuales durante la marcha del orgullo gay que terminó con pintadas y daños materiales en el edificio de la Catedral Metropolitana. El INADI financió con fondos públicos esta marcha y hasta tuvo un stand durante la marcha homosexual. Los hijos de la titular del INADI no son un detalle menor a tener en cuenta, sin entrar a juzgar su moral. Manuel ~el hijo mayor~ es fruto de su tormentosa relación con el presidente radical Raúl Ricardo Alfonsín. Su embarazo y la amenaza de Lubertino por protagonizar un escándalo mediático por no-reconocimiento de la criatura ~durante las rebeliones carapintadas~ le hizo ganarse una banca de diputada nacional en el Congreso de la Nación. Además, Ernesto ~su hijo menor~ es el resultado de un no menos traumático affaire sentimental con el ministro del Interior de la época, Enrique “el Coti” Nosiglia, quien esta vez no cedió a la extorsión y la echó de la Unión Cívica Radical y de la posibilidad de renovar su banca.
Muy eficaz en la función pública para la cual se la designó, a María José se la ha vinculado sentimentalmente con la cantante ultrakirchnerista Teresa Parodi, con las cuales se dice ~sin fundamento probatorio~ que ha organizado reuniones lésbicas en el edificio de Callao 741, donde solía concurrir la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay Molina (también amiga íntima de la Lubertino). Gracias a su trabajo, María José Lubertino adquirió una lujosa casa en la calle Costa Rica 4471 de Palermo Hollywood, por l que pagó 835.000 Dólares.
Lo cierto es que la Lubertino se la vincula con una fundación llamada “Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos”. Este lobby suele “aproximarse” a las personas denunciadas ante el INADI por hechos discriminatorios ofreciendo sus “buenos oficios” para impedir que la sangre no llegue al río. Las contribuciones voluntaria por expediente suelen rondar aproximadamente los 3.000 pesos aproximadamente. Además, la fundación recibe un subsidio del gobierno nacional. No es un detalle menor que funciona en el primer piso de Callao 741 (teléfono de la fundación: 4816-1581), edificio propiedad de la misma María José Lubertino.
Una impronta más a la idoneidad de los jueces de la República
Pero antes de seguir discurriendo en temas que no son de interés, sino tangencial, volvamos al escándalo protagonizado por la compañera Rosa Elsa Parrilli.
El hecho de que una persona patoteé y agreda verbalmente a otros mediante insultos y, ~sobre todo~ mediante manifestaciones discriminatorias, es siempre lamentable e inexcusable bajo cualquier circunstancia.
Pero que lo haga una jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ~quien además se jacta de no haber pagado jamás las multas que le han sido impuestas~ es más que inadmisible, porque en realidad está blasonando su impunidad.
Además, que esa magistrada amenace con hacer uso de sus potestades para enviar a prisión a una persona como modo de venganza personal, es aún doblemente aterrador.
Supongo que ahora tendrá que vivir de sus ahorros como “desaparecida” hasta que consiga un nuevo trabajo afín a su temperamento. Según informa el Banco Central, sus inversiones en efectivo las mantiene en el Banco HSBC, así como también en el Banco Patagonia, sin perjuicio de su caja de ahorros en el Banco Ciudad, por donde cobra actualmente sus abultados emolumentos como magistrada.
Pero lo trágico de esto es que la libertad de los ciudadanos no puede estar en manos semejantes. Pero la existencia, en penoso cautiverio, de casi seiscientos presos políticos en la Argentina ~muchos ancianos indefensos~ demuestra que el caso de la Dra. «Kati» Parrilli no es huérfano ni excepcional en nuestro país.
¡Esta gente es quien administra la justicia a nuestros ciudadanos! Y un presupuesto para dar a cada uno lo que le corresponde, según describía Artistóteles a la virtud cardinal de la Justicia, es tener la gracia excepcional de la prudencia y la templanza.
La jerarquía de la magistratura no debe ser un «conchabo para los amigos», y ésto sólo se superará cuando la Patria vuelva a ser República.
Autor: Dr. Carlos Marcelo Shäferstein
