Por orden de la Rosada el kirchnerismo cerró filas y evitó que la oposición altere el nuevo cuadro tarifario que le aporta al fisco 1.100 millones de pesos. La victoria podría ser temporaria: el bloque K evidenció fisuras.
Diario Critica 06-08-o9
El jefe de la bancada K aseguró que aún no están dadas las condiciones para tratar el tema. En la Cámara alta el kirchnerismo volvió a darle tiempo al Gobierno. Tiempo para que la Casa Rosada modifique el tarifazo al servicio de gas. Algo que el Ejecutivo defendió ayer de manera incondicional en la Comisión de Energía del Senado y que solamente podría revisar si tiene que enfrentarse a una gran presión social. Con la deserción de dos de sus senadores –la chaqueña Elena Corregido y la santiagueña Ana María Corradi– y con muchas críticas formuladas en voz baja, los senadores del Frente para la Victoria bloquearon la intención de la oposición de debatir la anulación del decreto 2067/08 que implementó los desmesurados incrementos.Treinta y dos senadores del oficialismo permitieron que el Gobierno se mantuviera aferrado a la caja. La recaudación, los recursos, son el límite infranqueable para el gobierno K. Podrán conceder en discusiones sobre reforma política o cambiar de estilo en las fotos y convocar rondas de diálogo, pero nunca harán concesiones a la hora de hablar de dinero.La debilidad de la bancada oficial fue una de las fotos que mostró la sesión de ayer. Los treinta y dos apoyos que lograron están muy lejos de los 40 votos favorables que supieron mostrar cuando asumió Cristina Fernández. Los pocos que insinuaron alguna crítica interna a la hora de hacerlas públicas apelaron a la mesura. El chubutense Marcelo Guinle, uno de los críticos, se limitó a decir que no pedía la anulación del decreto sino su corrección o su suspensión.Precisamente la suspensión de la medida fue lo que Guinle les pidió a los funcionarios de Gobierno en la reunión de bloque. Le respondieron que el cargo fijo era una herramienta ocasional. En esa reunión el chubutense no ocultó su enojo. Tenía motivos, el Ejecutivo recauda con una norma que puede modificar según su necesidad y quien la refrenda es un legislador que tiene que enfrentar el reclamo de sus comprovincianos. Claro que en el recinto, Guinle no sacó los pies del plato.En los pasillos del Senado se comentaba ayer que los legisladores del kirchnerismo especulaban con que la Secretaría de Energía podría suspender el tarifazo a los usuarios residenciales. Eso se concretaría en caso de que la protesta se generalizara. Con esa misma zanahoria, el titular de la Cámara de Diputados, el jujeño Eduardo Fellner, logró que la oposición desactivara la idea de discutir sobre tablas la anulación del decreto. Salvo la voz solitaria del radical Miguel Giubergía, el resto de los bloques se conformó con la promesa de discutir el tema en la Comisión de Energía la semana que viene. Comisión presidida por la fueguina Rosana Bertone y que este año no tuvo ninguna reunión.A pesar de sus quejas, los senadores kirchneristas no podían permitir que la oposición se impusiera. Tampoco se podían poner al frente del reclamo ya que evalúan que anular el decreto sería un golpe mortal para el Gobierno. Lo hacen con cierta especulación ya que vaticinan que a más tardar en dos o tres semanas se producirá un fallo judicial que anule el tarifazo. Aunque todos terminaron actuando como soldados fieles, los K toleraron que la oposición se explayara en sus críticas. Algo que en otro momento hubieran impedido.La más contundente de todas las críticas provino del radical Gerardo Morales. En base a casos concretos, demostró que el tarifazo recayó sobre sectores humildes de su provincia. Después de cuestionar al Gobierno porque quiere descalificar el reclamo opositor diciendo que “defienden a los ricos y atacan a los trabajadores”, Morales subrayó que la política de subsidios implementada por el kirchnerismo en todas sus áreas “favoreció a los sectores concentrados de la economía”. Para que no quedaran dudas, subrayó que la Defensoría del Pueblo de La Matanza está colapsada por los reclamos precisamente de los sectores pobres. La última palabra la tuvo el sanjuanino César Gioja. Atemorizó a todos diciendo que pronto no habrá más reservas gasíferas y reconoció el fracaso de seis años de kirchnerismo en la materia cuando dijo que “en la Argentina se consume más gas del que se produce”. Por algo los K se indignaron cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá alertó sobre posibles cacerolazos.Cameron: “El 95 por ciento puede pagar”. Los funcionarios K tienen un estilo inconfundible. Fiel a ese molde, que reviste de épica aún las decisiones más impopulares como la de aplicar un tarifazo a algunos usuarios de gas con incrementos de hasta el 400 por ciento, el secretario de Energía, Daniel Cameron, defendió la medida de Gobierno. El funcionario consideró que los cargos afectan a no más del 15 por ciento de los usuarios y aseguró que “entre el 95 y el 96 por ciento” de quienes recibieron las boletas con subas “está en condiciones de pagar por su mayor consumo”.El oficialismo no lo respaldó de manera cerrada. Los pocos que lo hicieron hablaron cuando la embestida opositora ponía en jaque al funcionario.La larga intervención inicial de Cameron intentó mostrar que la medida del Gobierno era justa y que apunta a que pagaran más quienes más consumen. Admitió que podría haber algunos errores en casos puntuales. Para ellos sugirió que podría crearse una comisión que revise cada una de esas situaciones. “No queremos hacerles daño a los que no hay que hacerles daño”, apuntó.La exposición de Cameron tuvo metamensajes. Cuando habló del Fondo Fiduciario que se crea en el cargo fijo para importar gas, el secretario de Energía dijo que “el problema no son los fondos fiduciarios sino los funcionarios”. ¿Estaría lanzándole un dardo al ministro Julio De Vido? Ningún kirchnerista aventuró una respuesta al acertijo.El titular del Enargas, Antonio Pronsato, acompañó el espíritu de Cameron en su exposición y aseguró que las zonas pasibles de aumento en la tarifa de gas tienen la “capacidad y socialmente el deber de asumir el pago del subsidio” que antes se les estaba otorgando. El funcionario, incluso, mostró un mapa de San Isidro –una de las zonas de más alto poder adquisitivo– para justificar que el aumento “no es un castigo”.El kirchnerismo insistió una y otra vez con el mismo discurso. El radicalismo, en boca de Gerardo Morales, como contraparte, cuestionó el corazón de las decisiones: la generosa política de subsidios a los porteños y la marginación a las poblaciones del interior del país.
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