A RAIZ DE LAS DUDAS SOBRE LOS APORTES A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2007

El informe financiero del FpV sería rechazado por los aportes dudosos. SClB

El fiscal electoral Jorge Di Lello evalúa la posibilidad de no aprobar el informe de gastos electorales de la campaña de Cristina Kirchner del 2007 debido a las múltiples dudas que abren los cheques aportados por droguerías involucradas en la mafia de los medicamentos.Di Lello empezará una carrera contra el reloj para que no prescriban las violaciones a la ley de financiamiento de los partidos 26.215 como la que se investiga en torno al Frente para la Victoria. Aún faltaba en la causa un peritaje y respuestas del FpV, informaron a Clarín fuentes judiciales.Fuentes allegadas a Di Lello se quejaban porque hasta la fecha "el juez Oyarbide no nos envío una copia de los recibos de los cheques de Forza y otros para el FpV que se encontraron en un allanamiento en las oficinas de Néstor Lorenzo".En ese domicilio se encontraron los recibos de los cheques de Forza por 200.000 pesos; del titular de Global Farmacy Gabriel Britos por 310 mil; del ex agente de la SIDE Julio Pose, por 170 mil, y de Carlos Torres, el testaferro de Lorenzo por 710 mil, a su nombre y a nombre de Multipharma. La letra mayúscula con que están escritos el nombre del FpV destinatario de todos estos cheques es la misma, cuando debería haber tenido la letra de Forza y los otros supuestos aportantes.Una de las pistas investigadas es que el dinero lo puso Lorenzo o que éste habría recibido dinero en efectivo de fondos reservados de la SIDE que los blanqueó con los cheques emitidos a nombre de sus conocidos.Por estas dudas, es que Di Lello no llamó a declaración testimonial a Lorenzo: quiere guardarse la alternativa de eventualmente citarlo a indagatoria como sospechoso.Otro de los investigados es el ex superintendente del servicio de salud y miembro del comité de campaña de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, Héctor Capaccioli. Desde esa función en el estado debía controlar a las droguerías de Lorenzo y fue uno de los que apoyó el polémico fideicomiso con la obra social bancaria, que hoy investiga el juez Oyarbide.Di Lello firmará su dictamen para ponerlo a consideración de la jueza María Servini de Cubría. De no aprobarse el informe, la jueza podría aplicar sanciones a sus responsables financieros y económico e incluso el FpV tendría problemas para presentarse en las elecciones del 2011.