Designan presidente de Minoridad a un procesado por matar a un bebé

El legislador fueguino Luis del Valle Velázquez fue elegido por sus pares para estar al frente de esa comisión legislativa. El escándalo
El legislador Luis del Valle Velázquez está procesado por "homicidio preterintencional" contra un bebé de 7 meses. | Foto: Gentileza Ushuaia 24

Que un procesado por homicidio de un bebé sea legislador en Tierra del Fuego no es lo más llamativo. Lo más insólito es que encima sea nombrado presidente de una comisión de Minoridad y Familia en la propia Legislatura de la provincia.

No es un chiste, es real. Luis del Valle Velázquez acaba de ser nombrado en ese cargo por cuatro de los seis legisladores miembros de la comisión, pese a que está procesado en doble instancia por el homicidio de un bebé de siete meses, por lo que además pesa sobre él un pedido de exclusión del cuerpo por "inhabilidad moral sobreviniente" que aún sigue sin resolverse.

El legislador, perteneciente al Movimiento Obrero (MO), está acusado de sacudir con fuerza al pequeño Aron Cano, produciéndole lesiones cerebrales que derivaron en su muerte en el Hospital Regional Ushuaia, el 7 de octubre de 2003, informaron medios locales.

El funcionario fue procesado por la jueza de instrucción de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, por considerar que al zamarrear a la criatura porque lloraba le provocó el Síndrome del bebé sacudido (Shaken Baby Syndrome, SBS, por sus siglas en inglés). Un pronunciamiento que fue ratificado por los camaristas Walter Tabarez Guerrero y Jorge Luis Jofré, y volvieron a imputarlo "homicidio preterintencional", una figura delictiva que prevé penas de uno a seis años de cárcel y por lo tanto es excarcelable.

La defensa de Velázquez, en tanto, asegura que el funcionario es inocente y dice que hay antecedentes de supuesto maltrato al bebé por parte de su madre, Pamela Cano, de 23 años, también investigada por el caso y luego sobreseída.

Tras la designación del legislador al frente de la Comisión de Minoridad, el bloque legislativo de Encuentro Popular (EP) elevó un pedido de remoción del funcionario, que fue tratado y dejado en suspenso por un plenario de legisladores reunido la semana pasada para analizar el tema. Los parlamentarios se basaron en el principio de inocencia que protege a cualquier ciudadano para argumentar en contra de la solicitud de exclusión, a la vez que se pronunciaron a favor de esperar un juicio judicial definitivo.