sábado, 7 de febrero de 2009

Rafael Mathus Ruiz LA NACION
Tal como ocurrió con la electricidad, los últimos aumentos implementados por el Gobierno para el gas también llegarán a la Justicia. El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, anticipó ayer que impugnará en los tribunales las últimas subas del gas, que en el caso de los hogares que más consumen pueden llegar hasta el 260%, sin contar el impacto de los impuestos y las penalizaciones del programa de uso racional de la energía.
Para frenar los aumentos, la defensoría hará dos presentaciones en la Justicia. La primera será pasado mañana o el martes próximo contra el nuevo cargo tarifario creado por el Gobierno para financiar las importaciones de gas. La segunda apuntará al alza de la tarifa.
El cargo tarifario, implementado a fines del año anterior, se diseñó para elevar los ingresos de la petrolera estatal Enarsa a través de un fondo fiduciario. Enarsa tiene a su cargo las importaciones de gas, tanto las provenientes de Bolivia como las de gas licuado (GLP) que llegan a la Argentina en barco. Con ese cargo, el Gobierno reducirá los subsidios que otorga a la petrolera estatal, y los compensará con fondos aportados directamente por los consumidores.
Para Mondino, el cargo tarifario es "arbitrario e ilegal" ya que en realidad se trata de un impuesto, y como tal, debería haber sido aprobado por el Congreso. El argumento detrás de este postulado es que el cargo "no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa". El extra sería abonado sólo por una porción de los usuarios -los hogares que más consumen, empresas que compran directamente a petroleras o que procesan gas, entre otras-, pero beneficiaría a todos, con lo cual no puede ser considerado un "precio público", es decir, un pago a cambio de un servicio público, sino un tributo, según el defensor.
"Cuando alguien no recibe una contraprestación en un servicio público, es un impuesto, y como todo impuesto tiene que pasar por el Congreso", argumentó Mondino.
El defensor del pueblo anticipó que, además del nuevo cargo, también impugnará el aumento de la tarifa, que a su vez está destinado a financiar un incremento del precio del gas en boca de pozo -que cobran las petroleras-, subsidiar la garrafa social -que consumen las familias de menos recursos- y financiar inversiones. Ese aumento alcanza a los hogares que consumen más de 800 metros cúbicos anuales. "El Gobierno firmó cartas de entendimiento con las distribuidoras y, en algunos casos, las tenemos impugnadas judicialmente. Vamos a presentar el último aumento tarifario como un hecho nuevo en un juicio que ya está en marcha", dijo Mondino.
Tanto el aumento en las tarifas de gas como la creación del cargo tarifario fueron anunciados por el ministro de Planificación, Julio De Vido, en noviembre último. En ese momento, el ministro no reveló los porcentajes de suba. El impacto de las medidas surgió de 17 resoluciones publicadas el 23 de diciembre, antes del asueto decretado por el Gobierno por las Fiestas. Con ellas se implementaron los nuevos cuadros tarifarios, los precios del gas en boca de pozo, el cargo tarifario y el fondo fiduciario que absorberá los recursos que genere.
La defensoría difundió ayer un comunicado en el cual estima que sólo el cargo tarifario generará "una transferencia de recursos que, sólo en el caso del sector residencial, se estima en la suma de $ 1128 millones". En el área metropolitana, esos fondos surgirán del presupuesto de las familias que consumen más de 1000 metros cúbicos anuales. El cargo es mayor cuanto más elevado es el consumo: oscila entre los $ 0,05 y los 0,27 por metro cúbico.
Mondino no quiso hacer ninguna recomendación a los usuarios que ya comenzaron a recibir facturas con aumentos hasta tanto no se expida la Justicia. La defensoría ya llevó a los tribunales los últimos aumentos en las tarifas eléctricas a los hogares, que llegan hasta el 360% en el caso de las familias que más consumen.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, minimizó ayer el problema de los que pagarán más por la luz y el gas: "No son afectados, fueron beneficiados por mucho tiempo", aludió a los años de congelamiento.

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