Vicente López: cobraban por cremaciones que no se hacían

Habría ex empleados del cementerio municipal involucrados. Los familiares recibían cenizas truchas.
Por: Nicolás Pizzi

En el cementerio de Vicente López no solo se cuentan leyendas y mitos urbanos. También circula una historia escalofriante que involucra a ex empleados y funcionarios. Según consta en una causa judicial abierta, cobraban por cremaciones que nunca se hacían. Para no despertar sospechas, los familiares recibían las supuestas cenizas. Así, los cuerpos se acumulaban en bóvedas semi abandonadas o en el depósito de ataúdes. Hay un total de 17 bóvedas bajo sospecha. En una de ellas, según consta en el sumario interno, se hallaron más de 50 cajones. Vicente López no tiene crematorio, por eso los cuerpos se envían al cementerio de San Martín. Igualmente, los trámites se pueden realizar en la oficina que está en la entrada principal, sobre la calle Pelliza. Para llevar adelante la maniobra ilícita, era indispensable que no se realicen las cremaciones. De esa forma, se quedaban con el dinero. Actualmente, cada cremación tiene un valor de $480, si el cuerpo está en un nicho, y $200, si descansa en tierra. El año pasado, la tarifa rondaba los $350. Igualmente es muy difícil calcular la magnitud de la estafa porque aún no se estableció el origen de la misma. Además de perjudicar económicamente a los familiares, los responsables podrían ser imputados por daño agravado (por las roturas de bóvedas y ataúdes), y hurto, porque también faltan varios cajones. Según lo que investigó hasta ahora la Justicia, los cuerpos se acumulaban en bóvedas, que funcionaban como depósitos clandestinos, pero los familiares recibían a cambio sus cenizas. "Les entregaban algo, no sabemos qué es", confirmó una fuente judicial. "A veces tomaban las cenizas que la gente deja en el osario", confió un empleado municipal que se animó a hablar. El caso fue denunciado por la Municipalidad a fines del año pasado, luego de apartar a las personas supuestamente involucradas, pero hasta ahora no había visto la luz gracias a un pacto de silencio sellado en varias oficinas gubernamentales. El misterio incluye un incendio en la Dirección del cementerio donde se habría quemado el Registro de bóvedas. El siniestro, ocurrido el 26 junio de 2006, nunca se denunció. Se sabe, sin embargo, que el cementerio tiene unas 3.000 bóvedas, de las cuales 700 están abandonadas. No es la única irregularidad detectada. En un informe de la Secretaria de Obras Públicas de Vicente López -al que tuvo acceso este diario- se menciona la presencia de ataúdes en el depósito del cementerio que "figuran salidos a cremación". El mismo documento denuncia "el estado de abandono en el sector predios arrendados, sector bóvedas, sepulcros y sepulturas". Además, hace hincapié sobre varias designaciones de cuidadores que fueron nombrados de manera irregular, sin pasar por el Ejecutivo municipal. Pese a la gravedad de los hechos, el cementerio nunca cerró sus puertas. Tampoco avanzó el sumario administrativo. Clarín intentó comunicarse con el abogado encargado del expediente, pero no respondió los llamados. La Municipalidad, por su parte, se limitó a responder mediante un breve comunicado, donde habla simplemente de "anomalías" en las cuales estarían involucrados un maestro mayor de obras "ajeno al Municipio", en referencia a Héctor De Martino. Sin embargo, según coinciden todas las fuentes, de la maniobra también habría participado Norberto Ramón Ochoa, capataz inhumador y empleado municipal por ese entonces. Ambos tienen la entrada prohibida al cementerio y podrían ser llamados a declaración indagatoria por el fiscal de Olivos John Boyard, a cargo de la investigación. También están bajo sospecha Anabel Pérez y Héctor Tremoulet. Los dos eran subdirectores del cementerio hasta el año pasado. Cuando estalló el escándalo, fueron relevados de sus cargos y ahora cumplen funciones en otras dependencias municipales. A pesar de los indicios reunidos, el fiscal aún no pudo ingresar a las bóvedas sospechadas. El juez Orlando Diaz, de juzgado de Garantías Nº2, rechazó los allanamientos en dos oportunidades. La primera vez mediante un argumento procesal. Y el 11 de febrero adujo que las bóvedas son propiedad privada. "Resulta pertinente consultar a sus titulares para contar con su consentimiento", respondió. A partir de ese momento, la Fiscalía intenta individualizar a los dueños de las bóvedas, para que autoricen el ingreso y la exhumación de los cadáveres. Gracias a esa búsqueda, se determinó que muchos supuestos propietarios ya no lo son. "Les ofrecían la cremación para quedarse con la bóveda y poder revenderla", reveló una fuente judicial. Con un cementerio abarrotado, el negocio de las bóvedas llamaba la atención de cualquiera. "Las compraban a $10.000 y las podían vender al doble", contó un empleado que lleva varios años trabajando en el cementerio. En el comunicado que envió la Municipalidad se destaca que las bóvedas sospechadas fue "aseguradas" y que "se labraron las actas notariales pertinentes". Clarín pudo comprobar, durante una recorrida por el cementerio, que varias de ellas conservan una faja de clausura pegada sobre la puerta. Entre los delitos que se investigan figura además la utilización ilegal de un cupo mensual de cremaciones gratuitas, producto de un convenio con el cementerio de San Martín, que, a cambio, recibe un espacio físico en Vicente López. "Existe la presunción de que ha sido manipulado para otorgar cremaciones gratuitas a contribuyentes, perjudicando al municipio", dice un informe oficial al que accedió Clarín. En el mismo documento, enviado a la Secretaría de Obras Públicas, se informa sobre la aparición de restos óseos en un contenedor de residuos de la Empresa Transportes Olivos. Y confirma que 33 de los 57 ataúdes hallados en el depósito presentan irregularidades "muy graves". El lugar está en pésimas condiciones. De hecho, un grupo de funcionarios judiciales que lo visitó hace pocos días tuvo que salir porque había una "invasión de pulgas". Mientras avanza con la investigación, el fiscal Boyard ya le tomó declaración a varios funcionarios y empleados municipales. Silvia Irma Suárez de Arocena, ex secretaria de Obras y Servicios Públicos; Gustavo Seilhan, jefe de la División Técnica del cementerio; Albino Heer, director actual del cementerio (fue designado cuando estalló el escándalo); y varios cuidadores aportaron datos ante la Fiscalía. También lo hicieron muchos de los supuestos damnificados. Todos esperan una respuesta de las autoridades y de la Justicia.