Clarin 17-03-10
Impulsará una ley para que los jueces puedan enviarlos a prisión domiciliaria, un beneficio hoy vedado para quienes hayan cometido delitos aberrantes. "Yo no quiero tener viejos presos", dijo el presidente. Hay oposición dentro del oficialismo.
Un día después de que se cumplieran 25 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura uruguaya, el presidente José "Pepe" Mujica -uno de los que accedió a la libertad en esa última tanda- dijo, según consignó el diario La República, que impulsará la aprobación de una herramienta legal para los jueces que contemple la posibilidad de una excarcelación anticipada o prisión domiciliaria para aquellos detenidos por delitos de lesa humanidad que padezcan alguna enfermedad terminal o que tengan 70 años cumplidos a la fecha de aprobación de la ley."(La idea) es no sustituir jamás a la Justicia, ni meterse a conseguir ninguna amnistía, sino darle una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe invalidar, lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder", expresó el mandatario en una conferencia de prensa realizada en la Base Aérea N° 1. "Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad", dijo Mujica.El mandatario dijo que su idea es otorgar a la Justicia un paquete de medidas para facilitarle al Poder Judicial su tarea, y precisó que se otorgaría a los jueces algunas variables en caso de enfermedades terminales o de enfermedades muy penosas y crónicas, la posibilidad de liberar o de hacer cumplir parte de la pena a los represores en su casa. Actores políticos y de la justicia vinculados a los derechos humanos no tienen muy claro como se instrumentará este tema. En diálogo con Clarín, la fiscal Mirtha Guianze, muy activa en estos últimos años en cuanto a procesamientos a militares que cometieron delitos de lesa humanidad, explicitó en primer lugar que "la herramienta legal ya existe y está incluida en la ley N° 17.897 de humanización del sistema carcelario que dice que cuando una persona está enferma, o por algún motivo esa dolencia se agrava y corre peligro su vida, puede obtener el arresto domiciliario o estar internado, los que se consideran como cumplimiento de la pena". Hoy, por ejemplo, quien fue primero presidente electo y luego dictador, Juan María Bordaberry, está cumpliendo la pena en su domicilio, mientras que otro de los militares procesados, el coronel Ernesto Ramas, se encuentra bajo custodia en el hospital militar. Guianze añadió: "Supongo que lo que estará pensando Mujica es hacerle una modificación a la ley de humanización del sistema carcelario y que algunos delitos en los que los procesados tengan más de 70 años y están exceptuados del beneficio de la prisión domiciliaria (autores de homicidios muy especialmente agravados, de violaciones o de crímenes de lesa humanidad) ahora ya no lo estén . Pero me parece que no hay ambiente para eso". El diputado Felipe Michelini, del Nuevo Espacio, hijo de Zelmar, el legislador asesinado en Buenos Aires en 1976, se pronunció en línea con Guianze. "Hasta que no veamos el proyecto o esté más clara la iniciativa es difícil opinar", dijo a este diario."Lo que sí veo es que no hay ninguna razón para innovar, ya que la ley en cuestión, promulgada en septiembre de 2005 al comienzo del gobierno de Vázquez, evitó para una serie de delitos las prisiones alternativas". Distintos legisladores del Frente Amplio (FA) que hablaron con Clarín y que se manifestaron también en otros medios, no se mostraron del todo afines con la posibilidad de un cambio, que incluya el beneficio de sacar de la cárcel a algunos represores que hoy están presos. "Hay que dar la posibilidad de reinserción, pero no a los terroristas de Estado. No es un tema de venganza. Se trata de hacer profilaxis en materia de derechos humanos para que la dictadura no ocurra nunca más", aseveró el diputado Luis Puig, del Espacio 609, sector que agrupa al MPP, al que pertenece Mujica."Es un agravio para las personas privadas de libertad que las comparen con los peores homicidas de la historia uruguaya. Ellos torturaron, cometieron asesinatos masivos, robaron niños que permanecen desaparecidos. Sería un mal mensaje para el futuro", concluyó. Entres los comunistas, partido que fue duramente atacado por las fuerzas represivas antes y durante la dictadura, tampoco parece haber demasiado interés en acompañar la idea. "Es una posición sumamente personal del presidente, yo no he estado en la situación que él estuvo, tanto años preso. Lo que sí puedo decir es que el FA tiene una posición clara al respecto, que es respetar lo que ya está definido en la ley. No estamos afines a un cambio en lo que concierne a beneficios a represores", señaló Alicia Pintos, senadora que está supliendo a Eduardo Lorier. Por su parte el diputado socialista Gustavo Bernini dijo estar de acuerdo a que se busquen medidas alternativas a la prisión y que la edad "puede ser un elemento a tener en cuenta" pero que "el caso de los militares es político y no podría compartir que se les aplique". Exceptuando los ya mencionados casos de Bordaberry y Ramas, y el del civil Juan Carlos Blanco - ex canciller de la dictadura procesado por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz- que se encuentra detenido en cárcel Central, el resto de los militares y policías procesados están cumpliendo su pena en la cárcel de Domingo Arena, que fue construida especialmente para alojarlos dentro de un cuartel, cuyas condiciones son muy superiores a la que viven diariamente los demás presos del sistema carcelario uruguayo.
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