Aguijoneado por la demanda social de soluciones ante la inseguridad –que en todas las encuestas permanece al tope de la agenda de preocupaciones– un equipo de especialistas cercanos al Gobierno encabezados por el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, redactó un anteproyecto de ley para crear un Observatorio Nacional del Delito y la Violencia. Se trata de un súper organismo descentralizado y autárquico , que reunirá estadísticas públicas y privadas de todo el país, trazará diagnósticos y diseñará posibles intervenciones . Excepto el PRO, la iniciativa cuenta con el apoyo de casi todos los líderes parlamentarios de los distintos bloques. ¿La intención? Evitar que un tema tan delicado como “taquillero” sea agitado en forma liviana durante la campaña presidencial.
El plan, que será presentado públicamente el 23 de noviembre, es el primer fruto del Acuerdo para la Seguridad Democrática, un colectivo de referentes políticos de distintos partidos y especialistas en cuestiones de seguridad convocado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para intentar revertir la sensación de que las fuerzas progresistas no tienen respuestas para un problema prioritario para los argentinos, o aún peor: que siquiera lo consideran.
Bajo este paraguas, y con la prestigiosa firma de Arslanian, el proyecto del Observatorio caracteriza a la inseguridad como una cuestión compleja y multicausal , y pretende con su trabajo “asistir a la toma de decisiones, gestionando adecuadas y eficaces estrategias preventivas de interés para la seguridad ciudadana, la política criminal y social”.
Para lograrlo, el nuevo organismo –que funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia– recogerá estadísticas de salud, educación, condiciones de vida, trabajo, participación comunitaria en seguridad, prevención social de la violencia y victimización , pero también hurgará en los datos sobre la operatividad de los sistemas policial, judicial y penitenciario, y el desenvolvimiento de la seguridad privada .
Bajo la batuta de un Director Ejecutivo que tendrá el rango de un secretario de Estado, y con la participación de una Comisión de Datos y Vigilancia del Delito y la Violencia y de un Consejo Consultivo integrado por universidades, organizaciones civiles y los “medios de comunicación más representativos”, el Observatorio evaluará la efectividad de los “servicios de seguridad pública y privada” y producirá informes periódicos y anuales. Cada año, también, presentará un informe de su gestión ante el Congreso.
Aunque deberá pasar por el sinuoso –y en estos días impredecible– trámite parlamentario, la lista de adherentes a la iniciativa permite pensar que tendría el camino allanado. Según afirman en el CELS, ya prometieron su firma los oficialistas Agustín Rossi y Diana Conti, el aliado K Martín Sabbatella, los radicales Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, el peronista federal Felipe Solá, los referentes del GEN Margarita Stolbizer y Gerardo Milman; Pino Solanas y Victoria Donda, del espacio de centroizquierda encabezado por el cineasta; la socialista Mónica Fein y Griselda Baldatta, de la Coalición Cívica, entre otros.
Un detalle: aún si se convierte en ley, el Observatorio echará a andar cuando las provincias adhieran a él. Y esa será otra historia.
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