Fuerte oposición de entidades periodísticas y especialistas al proyecto oficial

Ultimo Momento Clarin 28-08-09

Entidades periodísticas locales y extranjeras y destacados especialistas expresaron en los últimos meses fuertes reparos al proyecto con el que el Gobierno pretende reemplazar la vigente ley de radiodifusión, que hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó y envió al Congreso.La Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) apuntó que la iniciativa "parece incómoda con la pluralidad de medios" y "apunta a desmembrarla". "La supuesta intención de incorporar nuevas voces, en lugar de operar desde un espacio propositivo, aparece asociada a fragmentar, atomizar o silenciar las actuales. (En el proyecto) hay un concepto que atraviesa todo su articulado: discrecionalidad", apuntó ADEPA.Antes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había reiterado "su preocupación por el agravamiento del clima oficial respecto de la libertad de prensa" en la Argentina, con la explícita mención a proyectos "que podrían conducir, de modo directo o indirecto, a intimidar o afectar la tarea periodística".También la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) manifestó su "grave preocupación por el contenido del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", del que sostuvo que varios de sus aspectos "comprometen la vigencia de la libertad de expresión". Luis Pardo Sáenz, presidente de la AIR, advirtió por su parte que "el discurso trasnochado de la oligarquía y el imperialismo no es argumento suficiente para generar el peor de todos los monopolios, que es el ejercido por el Estado cuando se le facilitan las condiciones necesarias para incidir en la línea editorial y los contenidos de los medios independientes y cuando, bajo el pretexto de fines comunitarios, se construye una gigantesca red de medios, en apariencia diversa, pero que termina obedeciendo a una sola voz y sirviendo a una única tendencia ideológica", En declaraciones al diario La Nación en marzo, el constitucionalista Gregorio Badeni resaltó, en tanto, que "en la Argentina las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos adquiridos o garantías constitucionales" y que, por eso, la norma que Cristina envío al Congreso "supondría una lesión grave". También cuestionó la inclusión de los sindicatos como titulares de medios de comunicación porque esa función "no hace a la razón de su existencia".Entrevistado recientemente por la revista Fortuna, el ex secretario de Comunicaciones Enoch Aguiar puso reparos a "la regulación que impone contenidos, como porcentajes obligatorios de programación propia y de programación independiente", debido a que "muchos medios del interior del país no estarían en condiciones económicas de satisfacerlos salvo llenando los espacios con programación de muy baja calidad". El ex embajador argentino ante la ONU Emilio Cárdenas cuestionó además que la fuerte limitación que pone el proyecto al sector privado al tener que operar "forzadamente dentro de sólo un tercio del espectro radiofónico". Y opina que los dos tercios reservados para el sector público y las asociaciones sin fines de lucro "posibilitarán la asignación caprichosa de una parte sustancial del espectro a entidades y movimientos afines al poder".Para Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el proyecto de ley (...) se inscribe en el marco de iniciativas similares que avanzan en otros países de América Latina, seguidores del llamado Socialismo del Siglo XXI y que tienen como punto de referencia la llamada Ley Resorte o Ley de Contenidos, es decir, la ley venezolana de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, sancionada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías el 7 de diciembre de 2004".Por último, hace ya más de un año, el constitucionalista Daniel Sabsay advirtió sobre lo negativo de discutir "una norma de tanta importancia para la vida pública (...) en medio de una asonada contra los medios".