LA NACION Noticias de Martes 4 de agosto de 2009
Inquietud en el PJ por el incremento del gas
En el Senado creen que debe haber correcciones
En el Senado creen que debe haber correcciones
El malestar en el oficialismo por el aumento en la tarifa del gas se extiende como una mancha de aceite en el agua, mientras crece la presión de la oposición para discutir en el recinto de la Cámara alta la derogación del decreto 2067/08, herramienta que utilizó el Gobierno de Cristina Kirchner para aplicar la cuestionada medida.
La rebelión en las filas kirchneristas cobró fuerza a pocas horas de que dos funcionarios del Gobierno se presentaran ante la bancada oficialista para defender el cargo fijo para financiar la importación de gas que impuso la Casa Rosada en las boletas de todos los consumidores del fluido.
Algo de ese malestar deslizó ayer el presidente de la Comisión de Energía, César Gioja (San Juan), al admitir que los legisladores kirchneristas quieren "analizar todas las alternativas y posiciones relacionadas con este tema", cuando esta tarde, a las 19, concurran al bloque el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido, Roberto Baratta.
La reunión promete ser movida, ya que hay varios legisladores oficialistas, encabezados por el chubutense Marcelo Guinle, que pretende "corregir" la medida del Gobierno al excluir del cargo fijo a los consumidores residenciales.
El problema es que tanto Antonio Pronsato como Roberto Baratta asistirán al bloque decididos a defender la medida del gobierno nacional. Lo harán con el mismo argumento que utilizó la presidenta Cristina Kirchner cuando la semana pasada advirtió a sus legisladores que no estaba dispuesta a discutir la financiación del modelo defendido por la Casa Rosada. "Despropósito"
Sin embargo, el propio senador Gioja admitió ayer que algunos de sus compañeros de bloque, como la jujeña Liliana Fellner, se habían quejado por lo indiscriminado de la medida. "La senadora ha contado el caso de cuatro familias de su provincia que usan el gas de una sola boca y que al mirar la boleta se dieron cuenta de que el aumento era un despropósito", explicó.
La medida adoptada por el Gobierno alcanza a quienes hayan consumido más de 1500 metros cúbicos el año pasado, pero no toma en cuenta situaciones como la descripta por la legisladora kirchnerista.
Mientras tanto, desde la oposición se han sumado nuevas voces que reclaman la derogación del decreto que le permite al Poder Ejecutivo aplicar cargos fijos a las tarifas de los servicios públicos.
"Es inconstitucional porque fija un cargo específico, lo cual es un impuesto, y porque es un tarifazo que no cumplió con la audiencia pública que se requiere para aumentar las tarifas", se quejó ayer el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).
Como si fuera poco, el malestar comenzó a calar hondo en la Cámara de Diputados. Ayer, un grupo de legisladores kirchneristas presentó un proyecto de resolución para excluir del cargo a los usuarios residenciales por considerar que su aplicación "[provocaba] graves distorsiones en la canasta alimentaria de millones de argentinos".
La iniciativa que intentaría superar el conflicto, por lo menos en lo que atañe a los consumidores domiciliarios, lleva la firma de los diputados nacionales Mariel Calchaquí, Rubén Sciuto, ambos de Tierra del Fuego; José Córdoba, de Santa Cruz, y de Juan Pais y Manuel Morejón, de Chubut.
La rebelión en las filas kirchneristas cobró fuerza a pocas horas de que dos funcionarios del Gobierno se presentaran ante la bancada oficialista para defender el cargo fijo para financiar la importación de gas que impuso la Casa Rosada en las boletas de todos los consumidores del fluido.
Algo de ese malestar deslizó ayer el presidente de la Comisión de Energía, César Gioja (San Juan), al admitir que los legisladores kirchneristas quieren "analizar todas las alternativas y posiciones relacionadas con este tema", cuando esta tarde, a las 19, concurran al bloque el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido, Roberto Baratta.
La reunión promete ser movida, ya que hay varios legisladores oficialistas, encabezados por el chubutense Marcelo Guinle, que pretende "corregir" la medida del Gobierno al excluir del cargo fijo a los consumidores residenciales.
El problema es que tanto Antonio Pronsato como Roberto Baratta asistirán al bloque decididos a defender la medida del gobierno nacional. Lo harán con el mismo argumento que utilizó la presidenta Cristina Kirchner cuando la semana pasada advirtió a sus legisladores que no estaba dispuesta a discutir la financiación del modelo defendido por la Casa Rosada. "Despropósito"
Sin embargo, el propio senador Gioja admitió ayer que algunos de sus compañeros de bloque, como la jujeña Liliana Fellner, se habían quejado por lo indiscriminado de la medida. "La senadora ha contado el caso de cuatro familias de su provincia que usan el gas de una sola boca y que al mirar la boleta se dieron cuenta de que el aumento era un despropósito", explicó.
La medida adoptada por el Gobierno alcanza a quienes hayan consumido más de 1500 metros cúbicos el año pasado, pero no toma en cuenta situaciones como la descripta por la legisladora kirchnerista.
Mientras tanto, desde la oposición se han sumado nuevas voces que reclaman la derogación del decreto que le permite al Poder Ejecutivo aplicar cargos fijos a las tarifas de los servicios públicos.
"Es inconstitucional porque fija un cargo específico, lo cual es un impuesto, y porque es un tarifazo que no cumplió con la audiencia pública que se requiere para aumentar las tarifas", se quejó ayer el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).
Como si fuera poco, el malestar comenzó a calar hondo en la Cámara de Diputados. Ayer, un grupo de legisladores kirchneristas presentó un proyecto de resolución para excluir del cargo a los usuarios residenciales por considerar que su aplicación "[provocaba] graves distorsiones en la canasta alimentaria de millones de argentinos".
La iniciativa que intentaría superar el conflicto, por lo menos en lo que atañe a los consumidores domiciliarios, lleva la firma de los diputados nacionales Mariel Calchaquí, Rubén Sciuto, ambos de Tierra del Fuego; José Córdoba, de Santa Cruz, y de Juan Pais y Manuel Morejón, de Chubut.
No hay comentarios:
Publicar un comentario