Es por una ley sancionada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En ese partido más de 40 municipios cuentan con centros operativos de monitoreo para prevenir el delito.
Las grabaciones en video obtenidas por cámaras de seguridad y los llamados al 911 podrán ser tomados como prueba en causas judiciales, según una ley sancionada en la Legislatura provincial.
La norma, que fue aprobada por unanimidad esta tarde en la sesión de la Cámara de Diputados, era uno de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo tras la salidera en la que fue baleada Carolina Píparo en La Plata.
En los fundamentos de la ley, se consignó que el "permanente avance de la tecnología en materia de prevención e investigación de hechos delictivos reclama la revisión de marcos regulatorios para dar respuestas concretas a la ciudadanía y dotar a la justicia de nuevas herramientas en la investigación de delitos”.
Se explicó que en la provincia "más de 40 municipios cuentan con centros operativos de monitoreo, previéndose en lo inmediato su extensión a todos los distritos del territorio bonaerense, lo cual, además de contribuir a mejorar la seguridad ciudadana mediante la prevención, ha permitido profundizar la identificación y detención de autores y partícipes de hechos delictivos”.
También se hace referencia a que los llamados a las líneas de emergencia "son efectuados por lo general momentos después de cometidos los hechos ilícitos, obteniéndose datos relevantes tanto para impedir su consumación como para motorizar su persecución y constituyen una herramienta valiosa para promover investigaciones a través de denuncias de identidad reservada”.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo aclaró que si bien el Código Procesal Penal actual "avalaría la utilización de estos medios de prueba, lo cierto es que existe en la provincia diversidad de criterios sobre su validez, generándose no sólo incertidumbre, sino que además corriéndose el riesgo de frustración de los fines del proceso”.
La Cámara de Diputados sancionó además la ley que autoriza al Estado a destruir las armas que fueron decomisadas en las causas penales que tramitan en los juzgados "residuales”, es decir las que se rigen por el anterior Código de Procedimiento.
Además, aprobó y giró al senado diferentes proyectos de ley relacionados con la seguridad y con las medidas que deben cumplir las entidades bancarias, propuestas por las bancadas de la oposición.
En ese aspecto, los legisladores aprobaron la creación de la subsecretaría de seguridad bancaria en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
La Cámara baja bonaerense también estableció que la policía científica deberá efectuar, al menos una vez al año, una auditoría técnica de todos los elementos de protección que tienen sus efectivos.
Además, aprobó el proyecto de ley que obliga a las entidades que cumplan operaciones comerciales y financieras a contar con detectores de metales en sus accesos y egresos y uno que determina que todas las instituciones bancarias deben adecuar sus cajas, para aislarlas de la zona de atención al público, con elementos que impidan que se vean por el resto de los presentes.
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